(untitled) (Revista Española de Derecho Internacional, 2010)
A pesar de lo que pudiera parecer, a la vista de la escasa evidencia de conflictos abiertos en los últimos años, la historia de las relaciones pesqueras entre los sujetos internacionales de una y otra orilla del Atlántico no ha sido fácil desde que se dio por concluida la «Guerra del Fletán». Por el contrario, resulta sorprendente en este ámbito la intensa evolución y actividad jurídico-diplomática desde fines de los años noventa hasta la actualidad. Ello, abrió la puerta a la esperanza, tanto para Canadá como para España y la UE, de haber encontrado un punto de equilibrio entre sus intereses y, por fin, concebir una NAFO operativa en el Atlántico Noroeste. Sin embargo, la década siguiente comenzó con graves diferencias en la aplicación de la normativa NAFO entre algunos de sus miembros (con Canadá y España junto con la UE en polos opuestos). Se detectaron graves incumplimientos en el área de regulación NAFO que no siempre conllevaron las correspondientes sanciones por parte del Estado del pabellón. La diferencia de posturas volvió a hacerse patente. Por un lado, el Gobierno de Canadá se planteó las posibles posturas a adoptar como reacción al fracaso de la NAFO: extensión de jurisdicción sobre la Zona económica exclusiva más allá del límite de las 200 millas, aplicación del «custodial management», reforma o, incluso, sustitución de la NAFO... Por otro lado, España y la UE se han decantado, desde los primeros indicios de conflicto, por la búsqueda de una solución multilateral a las deficiencias de gestión y control detectadas en la organización de la pesca en el Atlántico Noroeste. Ha defendido, desde su participación en los foros internacionales, un mayor reforzamiento de las Organizaciones internacionales de pesquerías, promoviendo la creación de nuevas OIP donde fuera necesario y fomentando la reforma de aquéllas como la NAFO, siendo evidente que lo necesitaban. La actuación de España y la UE se ha visto presionada también por las regiones y sectores más implicados en la pesca en esa zona. Es curioso observar cómo la solución alcanzada en 2007 para la reforma y creación de una nueva Convención NAFO no satisface plenamente ni a las provincias canadienses nororientales ni a las regiones españolas y portuguesas, pero es la solución de equilibrio (aunque inestable mientras no demuestre su eficacia) defendida por ambos ejecutivos CAN-UE/ESP. Pero es la solución de equilibrio (aunque inestable hasta que se demuestra su eficacia), defendido por las administraciones de Canadá, España y la UE. Estas son, de una forma muy somera, las cuestiones tratadas en este artículo, con el que pretendemos arrojar luz al posible laboratorio donde testar un nuevo Derecho internacional de la pesca en alta mar.