(untitled) (Revista Española de Derecho Internacional, 2009)
La segunda generación de APPRI españoles se caracteriza por haber sistematizado la obligación de promoción reforzando los deberes de información mutua y transparencia. Un par de mandatos que no modifican su naturaleza como obligación de comportamiento, pero que la dotan de un contenido material más cierto, imprescindible para identificar y calificar jurídicamente su aplicación por los Estados partes. La obligación de protección asiste a un proceso de consolidación que ha permitido asentar un modelo básico fundamentalmente en torno al trato justo y equitativo, al TN y de NMF y, por otra parte, a través de una serie de normas que atribuyen responsabilidad al Estado receptor, le impiden frenar la libre transferencia de las inversiones y, finalmente, amplían el acceso del inversor a los medios de arreglo de las controversias que ofrecen los APPRI. La regulación propuesta por el modelo de APPRI español para las obligaciones de promoción y protección de las inversiones se sitúa a mitad de camino entre las nuevas tendencias normativas marcadas por los Estados miembros del TLCAN y el modelo clásico de APPRI que se viene desarrollando por la mayoría de Estados miembros de la UE. Sin embargo, para evitar distintas aproximaciones desde este subsistema regional y reforzar el papel de la UE como actor internacional, sería muy útil definir un modelo común europeo para las obligaciones de promoción y protección de las inversiones extranjeras.